De los 21 candidatos salteños a cargos legislativos nacionales, sólo diez presentaron sus declaraciones juradas, según un relevamiento realizado por la Fundación Directorio Legislativo y publicado por el sitio Salta Transparente.
Es decir que de la provincia, el 47,6% de los aspirantes a una banca en el Congreso Nacional cumplieron con la ley 26.857, cuyo tercer artículo estableció la obligatoriedad que tienen los candidatos a cargos electivos nacionales que superen las PASO a presentar las declaraciones juradas de sus patrimonios.
Con este porcentaje, Salta está entre las cinco jurisdicciones que menos postulantes dieron a conocer sus bienes. Desde Entre Ríos, el 100% presentaron sus declaraciones, encabezando el ranking de las más cumplidoras; mientras que en el otro extremo se ubica Chubut, con el 35,7% de presentaciones.
No obstante, el informe destaca que este año el 66,3% de los candidatos políticos cumplieron su obligación, siendo que en 2015, sólo el 40% del total lo hizo.
Según Directorio Legislativo, el relevamiento se realizó en base a las listas oficializadas por la Justicia Electoral y a la información disponible en la Oficina Anticorrupción de la Nación. San Luis y Tierra del Fuego quedaron excluidas de este informe, dado que aún no fueron oficializadas las listas de candidatos en esas provincias.
Así es que fue relevado un total de 528 postulantes a cargos legislativos nacionales.
Cabe aclarar que esta contabilización se realizó entre el 2 y 4 de octubre, por lo que si algún candidato presentó su declaración jurada luego de esa fecha, puede figurar como no presentada.
En Salta, dos de las siete fuerzas políticas locales que están compitiendo por su lugar en la Cámara Baja de la Nación llegaron a presentar las declaraciones de todos sus candidatos.
Mirá quiénes cumplieron con la ley y quiénes no:
El informe de la fundación se llevó a cabo en el marco de la campaña #CandidatosTrasnsparentes, que contó con la adhesión de 11.431 personas que participaron a través de la plataforma de change.org y solicitaron que los dirigentes políticos cumplan con su obligación de presentar sus declaraciones juradas de bienes.