Por: Celina Alberto y Mercedes Mosca

Son poco más de 16 kilómetros de río que atraviesan el ejido urbano salteño, una arteria moribunda a cielo abierto, con cauce diminuto en la temporada seca y que se desborda sobre los barrios bajos en los meses de lluvias. La cuenca Arias - Arenales, que recibe los efluentes cloacales de más de 600.000 personas, es también destino final de toneladas de desechos clandestinos -siempre contaminantes- volcados por algunos de esos miles que se amparan en el descontrol del Estado. Y en las orillas del sur de la ciudad, las que están bien lejos de las postales turísticas, el río acusa el impacto brutal de las industrias y de un basural colapsado que cada día recibe 800 toneladas de residuos sólidos.

Hace un mes, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) del Ministerio Público dio a conocer los resultados de un análisis de contaminación ordenado por el fiscal Federico Jovanovics: en el agua superficial y sedimentos encontraron cobre, nitritos, cinc en "valores muy preocupantes".

"Antes del canal Tinkunaku ya tenemos valores de plomo por encima de lo normal. En lo que hace a los sedimentos, no tenemos parámetros, nos basamos en normas de Canadá, y estamos en valores admitidos. Hay que ver qué pasa en el Río Ancho, que antes de llegar a San Javier ya tenemos valores altos de aluminio" (Alfredo Fuertes, secretario de Recursos Hídricos de la Provincia)

Estos metales pesados llegan al río por los lixiviados sin tratar de la basura acumulada, baterías, pilas, motores, desechos industriales y químicos. Lixiviado es el líquido que se produce cuando la humedad de lluvias o condensaciones se cuela por materiales sólidos, y arrastra con ella parte de esos materiales que atraviesa. Cuando llega a la tierra desnuda, esa contaminación se filtra hasta las napas subterráneas, se mueve debajo de la tierra y puede llegar a los ríos cercanos o contaminar las reservas acuíferas.

Cuando ingresan al cuerpo a través del agua, del aire o la piel, esos metales no pueden eliminarse nunca más. Dentro del organismo pueden causar desde alergias y problemas en la piel hasta cáncer, patologías nerviosas o malformaciones.

AGUAS TURBIAS

Por todo esto, y por los costos políticos y económicos que implica remediar el daño ambiental y sanitario provocado, nadie quiere ser responsable de la contaminación y los funcionarios se aprenden de memoria las normas, leyes y regulaciones que mejor explican que la papa caliente le corresponde al vecino.

"No se hizo un plan general de control del río. Hay organismos de la provincia que podrían haberlo hecho. Todos los monitoreos y análisis en los pozos, no muestran que exista esta contaminación desde las operaciones del relleno. No se trata de defender a una empresa o a la otra" (Federico Casas).

El medio ambiente salteño, que debe ser protegido desde el poder ejecutivo a través de su ministerio de Ambiente y Producción Sustentable, reparte entre sus secretarías el control y la salud de la tierra, el aire y el agua donde vivimos. Irene Soler, a cargo de Ambiente, habla de jurisdicciones, de responsabilidades, argumenta que no hay ningún fallo judicial que confirme la existencia de contaminación y señala que la salud del río le corresponde a la secretaría de Recursos Hídricos, que del basural se encargan los municipios y cita a la Ley 7070 para explicar por qué los metales pesados en el agua no tienen nada que ver con su área.

"Hay un código de aguas y el primer artículo dice que la protección de aguas superficiales, subterráneas y diques corresponde a la secretaría de recursos hídricos", dice la funcionaria a LA GACETA. "No tenemos los análisis del CIF para decir que existe la contaminación. Dicen que hay cobre, nitritos y cinc en niveles superiores a los que se marcan como valores guía para la vida acuática. También hay otros valores para la actividad recreativa, o el consumo de agua potable. Los más exigentes son para vida acuática, esos son los superiores", dice. Para pasarlo en limpio, la secretaria de Ambiente considera que la contaminación existe solamente para la vida acuática, pero no para el consumo humano o para actividades recreativas.

"El Estado provincial se muestra impotente para resolver el tema. Estamos hablando de metales pesados, que es muy grave y no queremos llegar a las consecuencias más graves cuando hay cáncer y retraso madurativo" (Gabriela Cerrano)

Algo similar afirma Alfredo Fuertes, responsable de Recursos Hídricos, pero que sin embargo considera posible que los valores encontrados pueden ser todavía mayores en el estudio realizado por el CIF y se muestra un poco más preocupado por el asunto.

"Antes del canal Tinkunaku ya tenemos valores de plomo por encima de lo normal. En lo que hace a los sedimentos, no tenemos parámetros, nos basamos en normas de Canadá, y estamos en valores admitidos. Hay que ver qué pasa en el Río Ancho, que antes de llegar a San Javier ya tenemos valores altos de aluminio", dice, pero aclara que su secretaría -en la que trabajan solamente cinco personas y debe monitorear el agua de toda la provincia- no tiene laboratorio capaz de analizar la presencia de metales pesados en el agua. Fue la denuncia penal la que movilizó los recursos para poner en marcha el análisis exahustivo de la cuenca.

Según los resultados, el sector está contaminado desde el canal de Tinkunaku hasta la unión del Arenales con el Río Ancho. "El vertedero es un factor de contaminación, porque frente a San Javier nos dieron valores por encima de lo permitido", asegura.

Desde el área de ambiente de la Municipalidad, Federico Casas respalda la posición de Agrotécnica Fueguina, concesionaria del vertedero, y asegura que los monitoreos que se realizan cada tres y cada seis meses -también con el laboratorio Induser- dan siempre valores normales.

El procedimiento es, sin embargo, un tanto discutible. En Induser, Darío Benítez cuenta a LA GACETA que los análisis que realizan en el vertedero son "lo que pide el cliente", que las muestras de agua "se toman de los pozos que nos indica el cliente", y dice desconocer la representatividad de las muestras en lo que a contaminación posible respecta. "No somos consultores ambientales. Hacemos lo que el cliente nos pide y si esos pozos testigo son suficientes o no, escapa a nuestro criterio. Nosotros sacamos las muestras y las analizamos, nada más", dice.

Los resultados se entregan a la Municipalidad y no hay otros controles sobre el predio. "Todos los análisis que hacemos ninguno nos muestra objetivamente que se hayan superado los parámetros admisibles, por lo tanto no tenemos pruebas fehacientes de contaminación. El CIF ha sido muy claro cuando informa que el ingreso de metales pesados es en una muestra de agua tomada aguas arriba del vertedero", dice Casas y con ese único dato, el de que se trate de muestras río arriba, le alcanza para estar convencido de que la contaminación no es responsabilidad del vertedero.

"Si tenés una muestra contaminada aguas arriba, eso va a persistir aguas abajo hasta que llegue a la desembocadura. El problema es donde ingresa la carga de contaminación", agrega. "Aguas arriba del vertedero está la planta depuradora de Aguas del Norte, entonces uno infiere que trae un importante aporte de materiales desde ese sector y es ahí donde hay que focalizar todos los estudios", señala desde el corner, con la pelota ya cabeceada al ejecutivo provincial.

"No se hizo un plan general de control del río. Hay organismos de la provincia que podrían haberlo hecho. Todos los monitoreos y análisis en los pozos, no muestran que exista esta contaminación desde las operaciones del relleno. No se trata de defender a una empresa o a la otra".

AMPARO EN SUSPENSO

El nombre de Fuertes es uno de los que figura en la denuncia penal que presentaron hace un año legisladores del Partido Obrero y vecinos de la zona afectada por la contaminación, en contra de su persona y también contra Miguel Isa, Gustavo Sáenz, los hermanos Darío y Oscar García, responsables de Agrotécnica Fueguina.

Luego de la denuncia, hace un mes también se presentó una solicitud de amparo ambiental ante el juez Marcelo Domínguez, por las mismas causas. Cristina Foffani es una de las demandantes y cuenta a LA GACETA que el objetivo es emplazar a Sáenz a tomar medidas para proteger a los vecinos.

El objetivo central del pedido es detener la contaminación generada por el Vertedero San Javier, al que señalan como el principal factor de daño ambiental. "El intendente tiene que garantizar todas las medidas para que haya una cuarta trinchera, impermeabilizarla y disponer mediante relleno sanitario, captar los lixiviados, los gases y cumplir con la ordenanza 3276 que exige que en tres años se realice la totalidad de la separación en origen, en el 100% de los barrios", dice la concejala y enumera cuatro estudios que prueban la contaminación: los análisis del CIF, la tesis doctoral de la bióloga de la UNSa Laura Lamas, las auditorías del doctor en Medio Ambiente Lucas Seghezzo y los análisis de Induser realizados por la secretaría de Fuertes.

"Ya está demostrado que el río está contaminado con los efluentes cloacales de Aguas del Norte, con directa responsabilidad de la provincia que no realiza monitoreos, además de ser responsable de Aguas del Norte", dispara y la senadora Gabriela Cerrano completa la lectura política desde su posición: "el Estado provincial se muestra impotente para resolver el tema. Estamos hablando de metales pesados, que es muy grave y no queremos llegar a las consecuencias más graves cuando hay cáncer y retraso madurativo", dice. "Creo que de fondo no hay voluntad política para ir a fondo, ni desde la provincia ni del municipio. Sáenz sabiendo de esta situación le renovó el contrato a Agrotécnica Fueguina, entonces se trata de un beneficio directo a una empresa amiga, no hay otro motivo para que aun contaminando le renueven el contrato".