La mano dura, el reclamo por más seguridad y las exigencias a la Justicia siempre están a la orden del día cuando los índices de violencia crecen. Es el caso de los femicidios, que en los últimos años fueron visibilizados en multitudinarias marchas y en escandalosas tasas de muertes de mujeres.

Coherente con su pensamiento o quizás oportunista, el que primero tiró la piedra este año fue Alfredo Olmedo, quien sugirió que los femicidas fueran condenados a pena de muerte. Además planteó la castración química para los violadores.

Sin embargo, este tipo de pena en nuestro país es casi impensable. Nuestro derecho constitucional, con la incorporación de la Convención Americana de Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica, la prohíbe, ya que en su tercer punto compromete a los estados a no reestablecer la pena de muerte en caso de que ya haya sido abolida.

A pesar de esta restricción, le consultamos a los candidatos salteños a diputado nacional qué piensan de la pena de muerte y le preguntamos específicamente si apoyaría algún proyecto de ley que impulsara la pena de muerte.

La respuesta de casi todos los dirigentes fue unánime: ninguno apoyaría la pena de muerte en Argentina. Solamente un candidato dijo estar a favor de la pena capital.