La Cámara Baja aprobó sin cambios el proyecto de reforma previsional del oficialismo. Esto quiere decir que no prosperó ninguna de las múltiples propuestas que intentaron los diputados opositores durante la sesión que empezó después de las 14 del lunes y concluyó poco antes de las 8 de ayer. Entre la deliberación frustrada del jueves y la sanción definitiva de este martes el Gobierno sólo formalizó una concesión: el bono compensatorio que cubrirá la transición entre las fórmulas de actualización.
La norma aprobada en Diputados incidirá en los aumentos de las sumas que perciben jubilados, pensionados, y beneficiarios de asignaciones universal por hijo (AUH), familiares y para discapacitados. La nueva fórmula de movilidad jubilatoria tiene dos componentes: el 70% del coeficiente se calcula con el índice de inflación nacional y el 30%, a partir de la variación del salario medio registrado por el sistema previsional (Ripte). El mecanismo de movilidad anterior fue adoptado en 2008, y toma variables como la recaudación de los tributos y la evolución de ingresos de los trabajadores formales. Según la Casa Rosada, esta fórmula es insostenible en el largo plazo y, por el apagón estadístico, no garantiza la cobertura frente a la inflación. La oposición alegó que la reforma avanza sobre los sectores más vulnerables.
La enmienda previsional forma parte del acuerdo que rubricaron el presidente Mauricio Macri y las provincias, con la excepción de San Luis. En esencia, ese pacto procura disminuir el déficit fiscal; ordenar y reducir la presión tributaria, y solucionar las controversias suscitadas entre los gobernadores por el Fondo del Conurbano Bonaerense. Una parte sustancial del dinero que la Casa Rosada prevé girar a la estratégica jurisdicción bonaerense proviene de los recursos de la seguridad social. La pretensión de recalcular los incrementos de haberes y pensiones fue avalada por el Senado casi sin inconvenientes antes del 10 de diciembre, pero tropezó en Diputados, donde los legisladores se mostraron menos complacientes con los mandatarios provinciales. La Cámara Baja sancionó la reforma con los votos del interbloque Cambiemos y el apoyo de 19 aliados circunstanciales del peronismo federal.
LAS SUBAS
-Tendrán lugar durante los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.
-La fórmula de movilidad aprobada impacta en las prestaciones que perciben jubilados, pensionados y beneficiarios de los distintos tipos de asignaciones.
-El 70% del coeficiente de actualización se construye con el índice oficial de inflación mientras que el 30% restante está ligado a la variación del salario medio registrado.
EN EL PRESUPUESTO
En el Proyecto de Ley de Presupuesto 2018, el rubro “Seguridad Social” -que incluye los recursos para pagar jubilaciones, pensiones y asignaciones- representa casi el 50% del total, es decir, que de cada $ 100, $ 49 se destinarán al pago de estos beneficios sociales, según un estudio de Chequeado. En 2017, este porcentaje era del 46%, y en 2003, antes de la primera moratoria previsional sancionada por el kirchnerismo, alcanzaba el 37,4%.
UNA COMPARACIÓN
Según un estudio del diario La Nación, si la nueva fórmula se hubiese aplicado en 2017, el ajuste habría sido del 23,6%, 4,4 puntos porcentuales menos que la suba otorgada durante este año: 28%. La garantía del 82% móvil sí habría mejorado los haberes de los jubilados alcanzados por el beneficio (ver).
A FAVOR
-El oficialismo sostiene que la enmienda protege a los jubilados de la inflación, cosa que no había ocurrido con el mecanismo anterior, y garantiza la sustentabilidad hacia el futuro.
-También considera que el sector pasivo tiene derecho a un haber actualizado, no a un mecanismo de actualización determinado.
EN CONTRA
-La oposición denuncia un retroceso del sistema de seguridad social y un ajuste concretado a expensas de los sectores más vulnerables.
-En concreto, ejemplifican que con la fórmula anterior, a un haber medio de $ 10.000 iba a corresponderle un aumento aproximadamente de $ 1.200 en marzo de 2018. En cambio, con la ley sancionada, el aumento sería de $ 570. La quita de $ 630 sobre $ 1.200 es del 52,5%.
EL BONO
-Busca aliviar el cambio de fórmulas de actualización de haberes.
-Lo recibirán un total de 10 millones de beneficiarios, entre ellos el 72% de los jubilados (4,9 millones de un total de 6,8 millones) que, con el ajuste de marzo de 2018, perciban un haber de hasta $ 10.000 mensuales.
-Parte de $ 375 y llega hasta $ 750.
EL 82% MÓVIL
-Queda reconocido desde enero para jubilados de la mínima con 30 años de aportes (sin moratoria).
-El derecho a percibir un haber equivalente al 82% del salario mínimo, vital y móvil alcanzará a 1,3 millón de jubilados.
-El salario mínimo será de $ 9.500 en enero. Al aplicar el 82%, el haber jubilatorio quedará en $ 7.790, lo que implica $ 543 más o un aumento del 7,5% frente a la jubilación más baja.
PERSPECTIVAS
Por el grado de oposición y las dudas que genera el cambio de la fórmula de movilidad, se espera una avalancha de demandas de insconstitucionalidad en la Justicia. La probable judicialización de la reforma previsional también puede incluir el diseño del bono, que no está previsto para quienes perciben haberes superiores a $ 10.000.