El fiscal federal Eduardo Villalba solicitó el procesamiento de Walter Ortiz Meriles, acusado junto a dos hombres que están prófugos, por los delitos de trata de persona con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre.

Ortiz Meriles está imputado de captar al menos a 19 trabajadores en situación de vulnerabilidad para someterlos laboralmente en un campo ubicado en la localidad de Apolinario Saravia, dedicado a tareas de cosecha y embalado de hortalizas.

Según los elementos reunidos en la causa, las víctimas habrían sido alojadas en situaciones infrahumanas, en presencia de combustible, lubricantes y/o agroquímicos y habrían recibido violencia física por parte de uno de los empleadores.

En el pedido de procesamiento, el juez indicó que se encuentra “suficientemente probado” que en la finca El Bordo, lugar donde fueron rescatadas las víctimas, “se encontraron personas realizando tareas de cosecha y embalado de hortalizas, en situaciones infrahumanas de convivencia, configurando este hecho una situación de explotación o reducción a la servidumbre, alcanzando un nivel incompatible con la condición humana”.

La investigación inició en noviembre cuando personal de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) y la División Prevención y Lucha contra la Trata de Personas de la Policía de la Provincia realizaron un relevamiento en la finca. Allí constataron que los trabajadores no estaban registrados, no tenía agua y carecían de electricidad, cloacas y señal telefónica. Estaban alojados en casillas con piso de tierra que tenían cajones de plástico con colchones encima que se usaban de camas que eran cubiertas con una letrina y plásticos.

La situación se agravaba porque las víctimas no contaban con elementos de seguridad laboral indispensable para el desarrollo de sus tareas, ni ropa de trabajo, ni botiquín de primeros auxilios y se pudo observar la presencia de envases de agroquímicos y mochilas fumigadoras a la par de las viviendas. Además, e constató la presencia de niños a cargo residiendo en esas condiciones, quienes manifestaron que trabajaban para Nicolas Arsindo Burgo, Walter Horacio Ortiz Meriles y Cosme Guadalberto Guerrero Albarado. En cuanto al pago por su labor, dijeron que recibían entre siete y doce pesos por cada cajón que llenaban, sin percibir recibo alguno, con una estimación de producción diaria de entre 30 y 50 cajones.

A partir de estos indicarones, el Juzgado Federal N°2 de Salta, a cargo de Miguel Antonio Medina, ordenó el allanamiento del establecimiento, que concluyó con el rescate de 19 trabajadores y con la detención de Walter Horacio Ortiz Meriles. Los imputados Cosme Gualberto Guerrero Albarado y Nicolás Arsindo Burgo no fueron hallados y se encuentran prófugos. En un allanamiento realizado en el domicilio de Albarado se secuestraron armas de fuego y $ 1.490.000, aproximadamente, mientras que en el domicilio de Ortiz Meriles se encontró la suma de $ 290.000.

Todas las víctimas declararon que estaban en condiciones de precariedad, con falta de higiene y riesgo sanitario, en habitaciones hechas con paredes de plásticos y techos de chapa. Cuando descansaban recibían “hondazos” para que volvieran a trabajar.