A la preocupación generalizada por los 730 trabajadores afectados por el repentino cierre del ingenio San Isidro en el departamento de General Güemes, se sumó la Cámara de Diputados ayer, cuando su presidente y otros legisladores mantuvieron una reunión con los miembros del sindicato de azucareros.

Fue el secretario general del gremio, Mariano Cuenca, quien tomó la palabra primero para expresar su extrema preocupación ante la drástica medida tomada por la empresa de la cual depende gran parte de la actividad económica de Campos Santo, El Bordo y Güemes. Una de las principales preocupaciones es la negativa del Estado provincial de hacerse cargo del problema, habiendo descartado cualquier tipo de intervención como una hipotética expropiación.

En respaldo de eso surgió la voz del diputado del Partido Obrero, Claudio Del Pla, quien enfatizó que la empresa hizo un lock out, un paro patronal y que violó los procedimientos normales previos a esa instancia, lo que pone a los trabajadores en jaque. “El Estado debe denunciar la conducta de la empresa como golpista y en contra de los intereses del pueblo de Güemes”, sostuvo.

Es por ello que Del Pla consideró que el Estado, por una cuestión de interés público, no puede descartar la alternativa de intervenir para que este año haya zafra y se garanticen las fuentes de trabajo.

“Yo rechacé lo que dijo el Estado de que en ningún momento va a intervenir porque eso coloca al pueblo y a los obreros en la situación de tener que aceptar lo que determine la empresa, que probablemente no tenga ninguna salida privada”, indicó en diálogo con LA GACETA y resaltó que el ordenamiento legal prevé como última  instancia la expropiación cuando suceden este tipo de problemas.

“Esta es la peor noticia de los últimos veranos que yo recuerdo, espero que la empresa cambie su decisión”, dijo Godoy.

Si bien en un principio el presidente de la Cámara, Manuel Santiago Godoy, pareció oponerse a esta postura, luego reconoció que en última instancia, si no se llega a ninguna solución, la gente va a pretender una respuesta del Estado provincial: “Si la situación no cambia, la gente mira al Estado siempre y eso va a pasar y tendremos que responder”, dijo a este medio.

El miércoles será un día clave

Cuenca llegó a la reunión contando que acababan de ser notificados sobre una reunión que se realizará con el Gobierno nacional el miércoles aunque cuestionó que no se haya convocado en el marco de un procedimiento de crisis.

Godoy consideró que la Provincia tiene que ponerse firme en el reclamo para la continuidad de la empresa pero que primero hay que esperar un tiempo a ver qué sucede en esa reunión.

El que se mostró sin expectativas de lo que pueda suceder en esa reunión fue Del Pla: “no tenemos ninguna expectativa de la reunión del miércoles con la empresa porque ellos claramente han recurrido a una medida de fuerza para cerrar al menor costo posible y sin pagar las indemnizaciones que corresponden”, expresó y agregó que la actitud de los empresarios está fuera de lo indicado por la ley porque el procedimiento de crisis es para seguir adelante no para cerrar.

No le creen a la empresa

El argumento de la empresa para justificar el cierre en los malos rendimientos económicos, no es creído por los afectados: “Para nosotros no es financiero el problema; en 2015 demostramos que no estaban en crisis y ahora hicimos el mismo estudio y vimos que los saldos son positivos”, argumentó el secretario gremial Mariano Cuenca.

Los diputados presentes acordaron que la Cámara emita un comunicado en solidaridad con los trabajadores y solicitando la continuidad de la empresa.

Sin embargo, Godoy dijo en la reunión que le contaron que la empresa presentó balances en el Ministerio de Trabajo de la Nación que muestran que han sufrido pérdidas por 50 millones de dólares.

También en la reunión, el diputado Andrés Suriani dijo que la empresa despidió al encargado de la logística de venta de azúcar en Salta y que cerró la sede que tenía en el Parque Industrial, además de haber vendido algunas máquinas que tenían en el ingenio.

Pero hay actitudes de la empresa que llaman la atención y que invitan a pensar que no descartan continuar. Desde el gremio señalaron que se siguen regando algunos campos pese a que la empresa frenó todo tipo de trabajo.

Es por ello que creen que es posible que la empresa haya recurrido a una medida tan drástica para luego acordar la continuidad despidiendo a unos 200 trabajadores y limitando aumentos salariales.