El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, se refirió por primera vez al conflicto que hace una semana se desató entre la Provincia y la Nación con respecto a los desmontes en 32 fincas del interior salteño -entre ellas Cuchuy, propiedad de un primo del jefe de gabinete Marcos Peña- y dijo que no se trata de una "imposición" y que tampoco hay "ninguna animosidad ni intencionalidad de intervenir o no respetar la autonomía provincial".

En una entrevista exclusiva con LA GACETA, el funcionario aseguró que la Resolución 56-E/2018, publicada hace pocos días en el Boletín Oficial, es uno más de muchos pedidos que se realizaron desde la Nación -en esta gestión y en la anterior- para que la provincia regularice su situación de acuerdo a lo que indica la Ley 26.331 y que la única novedad es que, esta vez, el gobierno de Juan Manuel Urtubey resolvió en concordancia con esas recomendaciones.

DESMONTES LEGALES PERO ILEGÍTIMOS

"El Ministerio de la Nación no puede intervenir ni disponer en la provincia de Salta. A lo sumo puede monitorear y objetar sobre cuestiones de aplicación de la ley, pero no puede modificar, como tampoco puede tomar decisiones administrativas en el marco de la autonomía provincial", dice. "Lo que sí se puede hacer, como ya se hizo antes de que nosotros iniciemos la gestión, es instar y sugerir, recomendar, pedir a Salta que en el uso de su autonomía detenga estos desmontes y al mismo tiempo verifique el ajuste de estos permisos al nuevo ordenamiento que ya tiene la provincia", señala el ministro y subraya el doble estándar que está sosteniendo Salta con respecto al ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN), donde siguen vigentes permisos de desmontes en áreas donde no está permitido desmontar.

"Lo que hicimos es cumplir con nuestra incumbencia y nuestra obligación de protección de los bosques pidiéndole e instando a que Salta detenga estos desmontes y al mismo tiempo verifique y clarifique que aquellos que han desmontado en zonas rojas puedan volver a reponer o reforestar esos bosques", aclara.

"Es potestad del gobierno de Salta recibir nuestra resolución, pero no está obligado a acatarla. Nosotros celebramos que la acaten, pero me parece que hay una confusión comunicacional"

-¿En qué se fundamenta este pedido?

-Esta recomendación o apelación tiene que ver con el pleno cumplimiento de nuestra incumbencia como Ministerio de la Nación de proteger el ambiente, y a partir de ahí queda a la potestad y a la autonomía de la provincia. Para nuestra sorpresa, que coincide con nuestra visión, Salta, en lugar de mantener su posición de no reconocer esta advertencia ni este criterio de nuestros técnicos, en lugar de seguir con su práctica que tenía avalada como correcta y legitimada por la Justicia local, saca una resolución que dice que no está de acuerdo con nuestra resolución pero que sí se allana y detiene los desmontes, y además en su resolución provincial otras medidas que nosotros vemos alineadas con nuestra resolución pero que bajo ningún punto de vista fue una prescripción ni una obligación o intromisión en una decisión que sigue siendo soberana de la provincia.

-¿La recomendación de su cartera es que estas habilitaciones otorgadas deberían haber sido revocadas junto con las recategorizaciones?

-Desde el punto de vista ambiental y de todas las resoluciones anteriores de la Secretaría y del Ministerio, siempre se manifestó con diferentes gobiernos y funcionarios que eso estaba fuera de la habilitación para desmontar. Pero los tenedores de estos permisos, más aquellos que tienen propiedades y que hicieron inversiones con el permiso otorgado por la provincia de Salta, aducen derechos adquiridos, y la Provincia tiene autonomía, y la Justicia salteña también, para validar si realmente se va a dar o no lugar a esos derechos adquiridos. Es potestad del gobierno de Salta recibir nuestra resolución, pero no está obligado a acatarla. Nosotros celebramos que la acaten, pero me parece que hay una confusión comunicacional. Bajo ningún punto de vista es una imposición del gobierno nacional sobre le provincial porque el ambiente y el bosque no son de la Nación sino de la Provincia, y las provincias son autónomas y soberanas.

"Cuando vemos áreas que eran rojas, después las pasan a amarillas o verdes, y después vuelven a ser rojas, como corresponde que sean, no podemos permitir que los permisos de desmonte otorgados en los cambios del color del mapa sigan vigentes".

-Sin embargo las recategorizaciones por decreto no se ajustaron a lo que indicaba la Ley Nacional y debieron ser anuladas

-Nosotros decimos que el ordenamiento no estaba conforme a la ley, luego lo hicieron conforme. Mientras no estuvo conforme a la ley otorgaron permisos de desmonte que no fueron revocados, pero esos permisos no tienen validez ambiental. Son legales pero no tienen legitimidad ambiental. Entonces pedimos que no se desmonte y que por favor restauren los bosques. Pero eso que decimos como autoridad ambiental no entra en contradicción con la autonomía federal que tiene la provincia ni tampoco con el respeto al poder independiente de la Justicia de Salta, que a los tenedores de los permisos les ratificó que son legales.

-Muchos productores argumentan que se les revocan los permisos otorgados legalmente, mientras los desmontes ilegales continúan

-Muchos hacen desmontes sin tener los permisos, ocupan campos y los desmontan o hacen acciones que no están registradas. Los tenedores de permisos a veces con razón plantean que la justicia no les permite desmontar, preguntan por qué se las agarran con ellos y por qué la provincia no mantiene su coherencia de autonomía a pesar de que la advertencia del gobierno nacional siempre fue la misma. Ahí no hay novedad, no hay innovación. La Nación siempre mantuvo la misma posición. La novedad es que por primera vez, el gobierno de Salta decide allanarse a esta advertencia y detener los desmontes, que para nosotros es una buena noticia.

"En los 32 predios re-categorizados... se registra la pérdida de 44.767 hectáreas de Bosque Nativo, correspondiente al período comprendido entre los años 2009 y 2017, por lo que de ejecutarse las autorizaciones provinciales restantes, se sumarían 33.386 hectáreas de pérdida de Bosque Nativo" - Resolución 56-E/2018.

UN PEDIDO LARGAMENTE OLVIDADO

-¿Por qué sale ahora esta resolución?

-Esta resolución se hace ahora porque hay una situación de denuncias de la sociedad civil, hay una mediación y conversación con los productores y al mismo tiempo rumores y versiones de que esta cartera y yo queríamos modificar la Ley de Bosques, que no había un trabajo de seguimiento y monitoreo.

Fondos para la compensación de servicios ambientales

Durante la charla con LA GACETA, Bergman señaló además que Salta recibió la totalidad de los fondos destinados para la compensación por los servicios ambientales, un total de $323.220.762, a pesar de que la provincia todavía no rindió cuentas de cómo se ejecutaron estos fondos. La resolución de la discordia indica, además, que el incumplimiento de la ley pondrá en reconsideración el otorgamiento de estos beneficios económicos, el 30% de los cuales se destinan "al fortalecimiento de las autoridades locales de aplicación de la ley".

-Urtubey calificó de "insólita" esta resolución del Ministerio y dijo que sin embargo no lo sorprendía que en Nación pasen "cosas raras" ¿qué responde ante esta calificación?

-Yo entiendo perfectamente el nicho de oportunidad política que tiene Urtubey, con quien ya me había en su momento comunicado para explicarle que esto no tiene ninguna intención de perjudicar a nadie pero sí de cumplir con la ley. Nosotros entendemos la preocupación de los productores, pero ellos también tienen muy claro que el desarrollo sustentable es poder desarrollar trabajo. Tenemos que buscar manejos alternativos de los bosques nativos para actividades ganaderas o pastoriles, para otro tipo de gestión productiva ambiental amigable, y que la solución no sea el desmonte del bosque nativo. Si hubiera alguna decisión en relación al ordenamiento que la Provincia establece sin seguir con nuestros lineamientos, deberíamos tener una mesa técnica que los revise, pero lo que no podemos hacer nosotros es que cuando vemos áreas que eran rojas, después las pasan a amarillas o verdes, y después vuelven a ser rojas, como corresponde que sean, permitir que los permisos de desmonte otorgados en los cambios del color del mapa sigan vigentes.

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-¿Por qué cree entonces que el gobierno provincial se sorprendió con esta resolución?

-Entiendo que ante el reclamo de los productores, la respuesta de Urtubey sea que él se allana a la resolución de Nación, que repito que no es nueva. La situación nueva es que frente a este debate, de si los desmontes se pueden o no realizar, sacamos una resolución volviendo a poner en público y manifiesto lo que la Secretaría y ahora el Ministerio había manifestado y el gobierno salteño la acató.

"Después de años de haber depredado y degradado el ambiente es hora no solo de detener la deforestación sino de reforestar".

PRODUCTORES, A LA JUSTICIA

-Los productores salteños aspiran a que la Nación revierta esta resolución para que se permita desmontar ¿qué responde ante esta expectativa?

- Acá la confusión es que, cuando la Nación cumple con la obligación de la ley de preservar los bosques, la provincia saca una resolución, los productores se quejan por los derechos adquiridos que tienen, el gobernador se queja y nos mandan a los productores a la Nación a resolver algo que se debe resolver en la jurisdicción provincial. Los productores locales que tienen estos permisos tendrán que recurrir a la Justicia. Los únicos que pueden revertir la resolución es el Estado Provincial, porque la resolución que no les permite avanzar con los desmontes es provincial, no nacional. Lo que resolvió la Nación es mantener el estándar de la Ley de Bosques y recordarle a la Provincia de Salta que no es la primera vez que se señaló que durante las dos instancias de ordenamiento otorgó licencias de desmontes que no coinciden con los presupuestos mínimos de la ley. Ahora los productores pueden remitirse a la autoridad provincial para que reviertan las suspensiones. Nosotros nos vamos a manifestar en contra, pero no podemos intervenir porque no tenemos potestad para hacerlo.

- ¿Cuál fue el rol de las organizaciones civiles como Greenpeace en esta resolución?

-Lo que el presidente Macri resuelve con la creación de un Ministerio de Ambiente es que los reclamos de la sociedad civil tienen ahora una traducción en la política de Estado. Tenemos muchísimos reclamos de la sociedad civil, algunos que son consistentes con lo que dice la ley y otros no. Nosotros no estamos cumpliendo con la demanda de la sociedad civil, sino que a partir de reclamos de la sociedad civil y de otros sectores, hacemos cumplir la ley.

-El mensaje, además de suspender los desmontes, es reforestar y remediar los bosques perdidos ¿Quién se hace cargo de esto?

-Esto hay que discutirlo con la Provincia. Nosotros tenemos un plan nacional de reforestación y estamos con el proyecto de plantar un millón de árboles nativos en los próximos años y esto es algo en lo que estamos a disposición de la provincia de Salta y de los productores para ver qué factibilidad tenemos en relación a que, más allá del costo, si es factible o no. Después de años de haber depredado y degradado el ambiente es hora no solo de detener la deforestación sino de reforestar.

-El discurso del gobierno salteño luego de esta resolución fue que pondría un freno al desarrollo de la región y las inversiones ¿Cuál es su lectura de este análisis?

-No estamos de acuerdo con esta visión. Argentina suscribió al acuerdo de París, tenemos un gabinete nacional de cambio climático, tenemos tres planes validados sobre transporte, energía y bosques, y está muy claro que tenemos que utilizar los estándares internacionales del desarrollo sustentable.

-¿Qué peso político tuvo en esta resolución el hecho de que la finca Cuchuy sea propiedad de un pariente de Marcos Peña?

-Eso fue una metodología para organizar una campaña, pero fue desestimado. Es un primo lejano y en eso el jefe de gabinete fue taxativo y claro en relación a que no se hace ninguna diferencia en absoluto de acuerdo a qué grupo es ni a qué vinculación tiene. La ley está para cumplirla y nadie, bajo ningún punto de vista, puede estar por encima de esa ley.